“Marichuy» no reunió el número necesario de firmas para postularse para Presidente, pero el 94 por ciento de los apoyos que presentó (281 mil 955) fue validado frente a otros candidatos independientes que hasta multas recibieron por irregularidades.
No estar en la boleta no es el fin. El Movimiento que representa María de Jesús Patricio, la primera mujer indígena que intentó presentarse como candidata a la Presidencia de México, respaldada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), no se ha detenido.
Apenas ayer, el comunicador Pedro Ferriz de Con, quien también aspiraba a una candidatura independiente, reveló que Margarita Gómez del Campo, quien sí fue avalada por el Instituto Nacional Electoral para competir por la Presidencia de la República, se guarda información de la esposa del ex Presidente Felipe Calderón que revela su ilegalidad para conseguir las firmas requeridas oficialmente. “El 90 por ciento de las firmas obtenidas por Margarita Zavala de Calderón, provienen de una misma zona de geo referencia, ubicada en el Estado de México. 90 por ciento [repite] de las firmas a favor de Margarita Zavala están geo referenciadas en una misma zona en el Estado de México”, dijo.
Por Laura Dowley
Ciudad de México, 30 de marzo (OpenDemocracy/SinEmbargo).- «México ha sido secuestrado por los que están en el poder y con su ayuda vamos a recuperarla», dijo María de Jesús Patricio en una reunión política el 11 de febrero. Sus seguidores llenaron la plaza frente al Palacio de Bellas Artes, un centro cultural histórico en el corazón de la Ciudad de México, para escuchar a la mujer que esperan pueda provocar un cambio radical en la sociedad mexicana.
“Marichuy», como se lo conoce comúnmente a Patricio, es una curandera nahua indígena del estado de Jalisco. Fue nominada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) , una coalición de 58 grupos indígenas, como su portavoz para representarlos en las campañas presidenciales de este año.
Aunque no logró reunir el número requerido de firmas para presentarse a las elecciones del próximo 1 de julio de 2018, el CNI dice que no se desanimarán.
«Después de las elecciones de 2018 habrá muchas más y vamos a seguir luchando», dijo la concejal Yamili Chan Dzul, de Yucatán en el sur de México, en la manifestación de febrero. «Vamos a seguir avanzando». Esta [campaña] es un llamado para que despertemos nuestra conciencia «.
Reunir las 866 mil 593 firmas (el 1 por ciento del número promedio de votantes registrados en cada estado) para que candidatos independientes necesiten ingresar a la carrera presidencial resultó problemático para el CNI.
A lo largo de su campaña por la candidatura de “Marichuy», el Congreso argumentó que el mecanismo para recolectar firmas discrimina fuertemente a las comunidades indígenas , que constituyen el núcleo de su base de apoyo.
«México ha sido secuestrado por aquellos en el poder, y con tu ayuda vamos a recuperarla».
Las firmas se proporcionan a través de una aplicación del Instituto Nacional Electoral, pero muchos que viven en comunidades indígenas no poseen teléfonos móviles, y mucho menos dispositivos que se conectan a Internet. En México, los usuarios de internet representan solo el 60 por ciento de la población , según datos del Banco Mundial.
“Marichuy» fue la primera mujer indígena que intentó presentarse como candidata a la presidencia, respaldada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Este movimiento indígena radical de izquierda es famoso por liderar un levantamiento en el sur de México que comenzó el 1 de enero de 1994, el día en que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con los Estados Unidos y Canadá, argumentando que este acuerdo y el neoliberalismo tendría un impacto negativo en las comunidades indígenas .
En el escenario de febrero,“Marichuy» estuvo flanqueada por cinco concejalas indígenas elegidas por sus comunidades para representarlas en el CNI. Esta formación de mujeres fue notable en un país donde el sexismo está muy extendido.
«Me alegra que [el CNI] haya elegido a una mujer», me dijo Rosario, una pequeña empresa del Estado de México, en las afueras de Ciudad de México. «Estas comunidades [indígenas] saben que las mujeres tienen un puesto importante y que tienen la capacidad de organizarse».
Defender los derechos de las mujeres es una alta prioridad para el CNI. «Cuando una mujer se levanta para exigir sus derechos, para exigir respeto, para ellos [el gobierno] es una amenaza y la hacen desaparecer», dijo la concejal Guadalupe Vásquez Luna de Chiapas, el estado más pobre de México. «Nos asesinan. Nos violan. Nos hacen desaparecer «.
Hubo un fuerte sentimiento de orgullo indígena en la manifestación de febrero, cuando cada una de las concejalas, vestidas con la ropa tradicional de colores brillantes de sus propias comunidades, comenzó sus discursos en sus respectivos idiomas indígenas.
A diferencia de muchos otros mítines de CNI celebrados en todo el país en los últimos meses, la mayoría de esta multitud metropolitana eran mexicanos de habla hispana no indígenas. Como muestra de respeto, aplaudieron estas primeras líneas aunque no las entendieran.
Según las estadísticas del gobierno , el 21.5 por ciento de la población de México se autoidentifica como indígena. Muchas de estas comunidades están profundamente insatisfechas con el sistema político y económico actual en el país, que consideran que beneficia a una élite minoritaria. En respuesta, el CNI propone un nuevo régimen anticapitalista.
La CNI acusa al sector privado de robo. «Las compañías internacionales nos están robando. Se llevan nuestras tierras, nuestros bosques y nuestras minas «, dijo la concejal Reyna Cruz López en el mitin. Ella es de Oaxaca, el estado con el segundo porcentaje más alto de personas que viven en la pobreza después de Chiapas .
«Las compañías internacionales nos están robando. Toman nuestras tierras, nuestros bosques y nuestras minas «.
Un informe de 2017 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales confirma los principales problemas de derechos humanos en el contexto de proyectos de minería, energía, construcción y turismo a gran escala en México.
Este informe incluyó ejemplos de casos en los que el gobierno y las empresas mexicanas no cumplieron con su obligación de garantizar la participación de las comunidades indígenas en los proyectos que los afectan. Menciona, por ejemplo, una orden de expropiación presentada a una comunidad indígena en el Estado de México en 2012 para construir una autopista a través de sus tierras ancestrales sin consultar previamente a la comunidad.
Los partidarios no indígenas de CNI comparten una frustración con el capitalismo. «No creemos que se pueda reformar el capitalismo», dijo Gilberto López y Rivas, profesor de antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México, quien también estuvo en la manifestación de febrero.
«¡Necesitamos un cambio profundo!».
El CNI a menudo se centra en los abusos contra los derechos humanos que sufren las comunidades indígenas. «Nos quitan nuestro lenguaje. Nos quitan nuestra ropa tradicional. Nos quitan nuestras tierras «, dijo Vásquez, de Chiapas. «Pero estoy harto de ser humillado. Estoy harto de dejarlos tomar lo que es mío «.
Ella habló sobre la masacre de Acteal en 1997 , en la que perdió a nueve miembros de su familia. Tenía 10 años cuando los paramilitares irrumpieron en su iglesia local, asesinando a 45 indígenas tzotziles miembros de un grupo político pacifista.
La concejala Magdalena García Durán también habló desde su experiencia personal. En 2006, ella fue una de las 207 personas que fueron arrestadas en la ciudad de San Salvador Atenco, a una hora al noreste de Ciudad de México, durante una protesta contra la expropiación de tierras indígenas.
«Nos golpearon, nos encarcelaron e inventaron cargos», dijo a la multitud en el mitin. García fue liberada después de 18 meses , luego de que un tribunal federal determinara que no había evidencia que justificara su detención.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos descubrió más tarde, en relación con el caso San Salvador Atenco, que el gobierno mexicano fue responsable de detenciones ilegales y arbitrarias, la falta de garantías judiciales, la tortura y numerosas violaciones.
El CNI propone una forma de gobierno más participativa que funcione no solo para las comunidades indígenas, sino para todos los mexicanos. «Anhelamos y creemos que hay diferentes formas de construir poder desde abajo. Un poder colectivo en el que todos puedan participar «, dijo “Marichuy», para aplaudir en febrero.
Aida trabaja en proyectos culturales con comunidades indígenas en la Ciudad de México. «Me gusta el hecho de que no quieren el poder solo para que puedan sentarse en el trono. Quieren que la gente se organice «, me dijo.
La mayoría de las comunidades indígenas viven en áreas rurales, pero las concejalas parecían interesadas en reclamar su relevancia para el público urbano al insistir en un vínculo fundamental entre la ciudad y el campo. «Si los pueblos indígenas no siembran frijoles y maíz, la ciudad morirá de hambre», insistió Francisca Álvarez Ortiz, del Estado de México.
Víctor, un estudiante de filosofía de la Ciudad de México, estuvo de acuerdo. «Las comunidades indígenas son las que nos alimentan», me dijo.
Pero el reclamo de Álvarez esconde una verdad incómoda. En 2016, el 65 por ciento del consumo de maíz de México provino de las importaciones, principalmente de EU , Y el mercado de producción de maíz en México está dominado por dos grandes empresas: Gruma y Minsa .
Como predijeron los zapatistas, los agricultores mexicanos a pequeña escala han sufrido como resultado del TLCAN. No han podido competir con los productores de maíz subsidiados de los EU Por los precios, y en los 10 años posteriores a la firma del acuerdo, las exportaciones de maíz de los Estados Unidos a México aumentaron en un 323 por ciento.
La corrupción es otro tema candente para el CNI. El índice anual de percepción de corrupciones 2017 de Transparency International de 180 países ubica a México como el 45º país más corrupto, con un puntaje igual a Laos, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Rusia.
«Creemos que para cambiar el mundo no podemos ser corruptos como el resto de ellos, como los políticos que pretenden representarnos», dijo Juan Villoro, un conocido escritor y periodista que habló en la manifestación de febrero junto a las concejalas. .
Mientras que las concejalas articularon con éxito las quejas de las comunidades indígenas, la CNI no dio a conocer propuestas de políticas detalladas, y su campaña no ha tenido retrocesos.
Aunque Marichuy ahora está fuera de la carrera por la presidencia, su campaña ha inspirado a sus seguidores. «Hay un mensaje más allá de las firmas», me dijo Aida, «incluso si ella no está en la papeleta, nosotros, la gente, vamos a seguir organizándonos».
